Río de Janeiro (Brasil) – Tres semanas después del peor desastre medioambiental de Río Grande do Sul, que causó más de 160 muertos y dejó miles de damnificados, la situación sigue siendo crítica.
El río Guaíba ha vuelto a superar los cuatro metros y en Porto Alegre, la capital de ese estado brasileño, se registran 26 puntos con alto riesgo de deslizamientos. Las calles que no están inundadas dejan ver los efectos de la destrucción, llenas de fango, escombros y basura. Este panorama y las pérdidas humanas y materiales, sumadas a la incertidumbre sobre el futuro, han llevado a la población a experimentar un miedo crónico conocido como ansiedad ambiental.
En el estado brasileño de Río Grande do Sul, muchos hospitales están devastados.
Frente a esta situación, que muchos afectados califican de “apocalíptica”, un fuerte cansancio colectivo se ha instalado en la población.
Los psicoanalistas destacan el fuerte impacto de esta tragedia en la salud mental y en la vida de los brasileños. Cada vez más personas en Río Grande do Sul se preguntan: “¿Quién va a pagar por eso?” o “¿cómo vamos a salir de esta situación?”.
La búsqueda de responsabilidades políticas y la incertidumbre sobre la reconstrucción de lo que fue arrebatado por la fuerza del agua se suman al duelo por los 166 muertos y a la preocupación por los más de 637.000 desplazados.
Los fenómenos complejos tienen causas complejas. No podemos ver esta tragedia con simplismo. La búsqueda de culpas no termina en la naturaleza, ni en una sola Administración, en un solo presidente, gobernador o alcalde, ni en la izquierda o en la derecha, sino en un conjunto igualmente complejo de acciones", señala la psicoanalista Maria Homem.
"Por supuesto, están los responsables de la macropolítica, pero los elegimos nosotros. Superar este trauma y seguir adelante incluirá dejar de infantilizarnos. Ser conscientes de las acciones que realizamos”, agrega la experta.
Desde hace días en los medios de comunicación de Brasil se ha popularizado el neologismo “ansiedad climática”, acuñado en 2017 por la Asociación Estadounidense de Psicología para definir el “miedo crónico a sufrir un cataclismo ambiental que se produce al observar el impacto aparentemente irrevocable del cambio climático”.
En 2021, este término ingresó en el prestigioso diccionario de Oxford, dos años después de que fuese introducido otro concepto novedoso, el de “emergencia climática”.
En Brasil, la “ecoansiedad” ha sido reconocida oficialmente como palabra por la Academia Brasileña de Letras, que la define como un “estado de inquietud y angustia desencadenado por la expectativa de graves consecuencias del cambio climático y la percepción de impotencia ante daños irreversibles al medio ambiente”.
Es una situación que se aplica perfectamente a Río Grande do Sul, que en menos de un año ha experimentado cuatro situaciones climáticas adversas. Cada vez más habitantes de este estado reconocen que sienten agobio o incluso pánico cada vez que llueve.
“No se trata de una patología, sino de un fenómeno que tiene que ver con esas emociones incómodas, como la angustia, la tristeza, la impotencia e incluso la ira con relación al cambio climático”, explica el coordinador del Centro de Estudios e Investigaciones en Trauma y Estrés de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul, Christian Kristensen.
En Brasil, todavía hay pocos trabajos académicos sobre la ecoansiedad, a diferencia de otros países. En el Reino Unido, este concepto ocupa un lugar más destacado en la comunidad científica. De hecho, uno de los mayores estudios sobre el tema ha sido realizado por la Universidad de Bath, con entrevistas a 10.000 jóvenes de entre 16 y 25 años en 10 países diferentes, incluido Brasil. Los resultados, publicados en la revista The Lancet Planetary Health, revelaron que el 59% de los jóvenes se dicen muy preocupados por el cambio climático. El 45% reconoce que esas cuestiones afectan negativamente sus rutinas. Además, el 40% dijo que se plantea no tener hijos debido a la crisis climática y el 75% señala que “el futuro es aterrador”.
Esta mezcla de pesimismo, inquietud y agotamiento no afecta solo a la población, sino también a los voluntarios y a los profesionales que desde hace tres semanas se desviven para rescatar a vecinos y animales domésticos. Algunos psicólogos hablan incluso de burnout (agotamiento por tareas que generan angustia y culpa)
Muchos albergues ya están notando un descenso en el número de voluntarios, algo que preocupa al ayuntamiento de Porto Alegre. El desgaste es irreversible, ya que muchas personas solo desean volver a su rutina.
Para ayudar a este colectivo, se han creado grupos de emergencia que prestan asistencia psicológica a los que realizan el rescate y acogida de los afectados.
Según el profesor Christian Kristensen, el 20% de estos voluntarios podría desarrollar algún trastorno mental o estrés postraumático por la labor desarrollada en el campo. Esa estimación se basa en investigaciones sobre desastres llevadas a cabo en los últimos 40 años. Entre estos estudios, destaca el seguimiento de los afectados por el huracán Katrina, en Estados Unidos, que causó la muerte de más de 1.800 personas.
La situación es objetivamente complicada. Hay más de dos millones de afectados y cerca de 430 ciudades devastadas.
En los próximos meses y tal vez años, el estado de Río Grande do Sul pasará por la mayor acción de reconstrucción de la historia del país, algo que tendrá un profundo impacto en áreas como la agricultura, la salud, la educación y el transporte.
Razones para preocuparse no faltan. En la actualidad, Brasil es el sexto país con el mayor número de personas desplazadas por desastres naturales, según datos de 2023 de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), una estadística encabezada por China y Filipinas.
“Brasil fue responsable de más de un tercio de los desplazamientos por desastres en América del Sur, con 745.000, la cifra más alta desde que se iniciaron los registros en 2008”, revela el informe de la OIM, publicado el pasado 14 de mayo.
Los estados de Santa Catarina, Río Grande do Sul y Paraná, en el sur subtropical del país, fueron afectados por lluvias récord en octubre y noviembre de 2023, lo que provocó más de 183.000 desplazamientos. La OIM advierte que, en un futuro próximo, los desastres naturales obligarán a millones de personas a abandonar sus hogares y ciudades en busca de refugio.
Esta perspectiva plantea nuevos desafíos para el Gobierno y la población.
“En poco menos de un mes desde que las primeras tormentas azotaron el suelo de Río Grande do Sul, además de la pérdida de vidas, plantaciones, industrias, comercios, viviendas, carreteras, ciudades enteras, también hemos visto signos de erosión de los elementos que nos mantienen funcionando como sociedad. Mujeres fueron violadas y atacadas en los albergues, casas inundadas fueron saqueadas, las facciones criminales entraron en guerra e impusieron sus reglas a las comunidades”, escribió el columnista Leonardo Sakamoto.
“Por mucho que Brasil haya experimentado maravillosos ejemplos de solidaridad y de amor hacia el prójimo, también hemos visto un anticipo del colapso de la civilización que vendrá con el cambio climático. Es cada uno por sí mismo y Dios por encima de todo", añade.
Los científicos del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas "vienen advirtiendo que este cambio traerá conflictos armados y guerras por el instinto más básico, el de la supervivencia. En este contexto, la disputa por recursos naturales, como agua dulce, tierra para plantar y terrenos seguros para vivir, ya provoca disputas violentas no solo entre países, sino también, y principalmente, entre clases sociales”, concluye Sakamoto.
27 Mayo, 2024
ANSIEDAD CLIMÁTICA
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En promedio el 56 % de la población global afirma que el cambio climático ya ha tenido afectaciones severas en el lugar donde vive, pero en México, la cifra se eleva al ¡75 %!
Una de las consecuencias que puede traer el cambio climático a largo plazo son los posibles desplazamientos de poblaciones.
Ante ello, en promedio, un 35 % cree que ellos o sus familias tendrán que abandonar sus hogares en los próximos 25 años debido a los efectos del clima. Sin embargo, otra vez nuestro país es más negativo, aquí el 37 %que es probable que sea desplazado de su hogar como resultado del cambio climático.
La población menor de 35 años es la más consciente de que en algún momento tendrá que mudarse por causas climáticas. A nivel mundial, el 43% de los jóvenes dice que es probable que necesiten mudarse en los próximos 25 años, frente al 37% de las personas entre 36 y 49 años y solo el 25 % entre los de 50 a 74 años.
Estos son los principales hallazgos de una encuesta realizada por Ipsos en 34 países del 22 de julio al 5 de agosto de 2022 entre 23,507 adultos de 18 a 74 años a través de la plataforma en línea Global Advisor de Ipsos.“Para ir a la raíz de las injusticias ambientales y climáticas hay que confrontar más de cuatros siglos de imperialismo colonial, opresión ininterrumpida del patriarcado y supremacía blanca, y la actual expansión del capitalismo industrial, neoliberal y globalizado.” Así comienza la introducción del material de formación popular Engañados en el invernadero, elaborado por un amplio grupo de organizaciones de base indígenas, sociales, campesinas, urbanas, ambientales de América del Norte, entre ellas la Red Ambiental Indígena, el Proyecto Global de Justicia Ecológica, la Red por Justicia Energética, la Alianza por una Transición Justa y otras.
Hace más de una década se propusieron explicar en lenguaje sencillo la injusticia ambiental y climática, develando las maniobras de las empresas y gobiernos con las llamadas “falsas soluciones”: propuestas tecnológicas, de manipulación de la naturaleza y financieras, que no tienen nada de “soluciones” sino que están diseñadas para lo contrario: evitar exponer, y mucho menos cambiar, las causas de la injusticia ambiental. Y en ese camino inventar nuevos negocios con esos tramposos mecanismos.
Este colectivo de organizaciones presenta ahora la tercera edición de un material revisado y aumentado, que es especialmente útil frente a la próxima reunión de la ONU en Glasgow (COP 26 del clima), por la que pronto nos inundarán con titulares catastróficos y engañosos.
El fondo del trabajo de las organizaciones es mucho más que la reacción ante propuestas del capitalismo sobre el clima. Como lo dicen desde el comienzo, se plantean una crítica al colonialismo, al patriarcado, al racismo implícito. Como parte de la información que necesitamos para entender y resistir las múltiples trampas del capitalismo, este material colectivo se enfoca en revisar una amplia lista de “falsas soluciones” climáticas.
Desde propuestas que ya llevan años, hasta otras más recientes, el libro presenta brevemente de qué se trata cada propuesta o tecnología, los impactos que tiene y por qué debemos resistirlas. Toma los problemas como fijar precios al carbono, las llamadas “soluciones basadas en la naturaleza”, y actividades como: la bioenergía, la extracción y quema de gas natural y fracking, la producción de energía a partir de hidrógeno, de rellenos sanitarios, de incineración de residuos, la energía nuclear, energía hidráulica, las técnicas de geoingeniería, captura de carbono y las energías renovables. En este último caso, cuando son llevadas por empresas y no como un recurso de las comunidades y pueblos, en sus propias condiciones y con el conocimiento que tienen del medio.
Es un material muy útil en la vorágine de temas en que todas y todos estamos, ya que es sintético pero con información sólida, y nos guía con mano solidaria en la oscuridad que ha generado el teatro de las “falsas soluciones” climáticas. Especialmente cuando la discusión climática sigue creciendo y cada vez hay más términos que están diseñados para que no entendamos lo que realmente está pasando o para hacernos creer que con sus propuestas de alto riesgo se puede resolver el calentamiento global.
Como lo llama el colectivo editorial, este libro es un poco como entrar en la caja de Pandora de las propuestas climáticas falsas, diseñadas para lucrar con las crisis, pero es útil para entenderlas y resistirlas.
El colectivo editorial reflexiona también sobre lo ocurrido desde el año en que publicaron la primera edición: “Estamos viendo una alarmante tendencia hacia una ‘política de la desesperanza’, incluso dentro de algunos movimientos, donde el capitalismo del desastre, junto con la ceguera del reduccionismo del carbono —que reduce todo a medir carbono, en lugar de ver las múltiples crisis—, la financiarización de la naturaleza y un creciente utopismo tecnológico, han fomentado la proliferación de esquemas falsos que se benefician económicamente del deterioro climático”.
“Incluso el simbólico Acuerdo de París
celebrado en Naciones Unidas en 2015 ha servido en gran medida para
habilitar y promover una serie de estafas tecnológicas corporativas,
mecanismos del mercado de carbono y de impuestos al carbono”, agregan.
Por otra parte, reflexionan sobre la organización contra la “política de la desesperanza”: “Hoy más que nunca, el centro de gravedad de los movimientos por el clima ha virado hacia una perspectiva basada en la justicia climática, en la cual no distinguimos entre la guerra global contra la biodiversidad emprendida por la avidez de las corporaciones y las guerras contra las culturas, las cosmovisiones, las comunidades y los cuerpos de la gente oprimida en todo el mundo.”
Cuando el problema se enmarca bajo la premisa de la justicia climática, la crisis climática deja de reducirse al simple hecho de contabilizar carbono. “Movimientos de base liderados por comunidades de todo el mundo proponen una mirada transversal sobre la economía —sobre la explotación de la tierra, del trabajo y los sistemas vivientes, la erosión de las semillas, el suelo, la historia y el espíritu— y buscan promover soluciones verdaderas a nuestro alrededor, todos los días, en diversas fuentes: desde el conocimiento tradicional indígena, la soberanía alimentaria, la desmercantilización de la tierra, la vivienda y la atención médica, hasta la abolición del complejo militar industrial que pretende extraer hasta la última de gota de combustible fósil de la Madre Tierra”.
En ese tono concluyen: “También en la transición justa y la democracia energética, que procuran impulsar energías democratizadas, descentralizadas, no tóxicas y descarbonizadas para alimentar nuestra vida, y en la justicia transformativa, con la cual respondemos al trauma y la violencia.”
El libro se pueden descargar libre en el sitio https://climatefalsesolutions.
(*) directora para América Latina del Grupo ETC
El colapso ecológico ya llegó. Una brújula para salir del (mal)desarrollo, publicado el año pasado por Maristella Svampa y Enrique Viale, es una referencia entre las nuevas camadas que despiertan a las luchas ambientales. A un año de su aparición, publicamos apuntes para una lectura crítica.
Esteban Martine https://www.laizquierdadiario.
“Atravesamos tiempos extraordinarios marcados por una crisis socioecológica y una emergencia climática a nivel global sin precedentes en la historia” [1] , sostienen en el prefacio de su libro Maristella Svampa y Enrique Viale. El colapso ecológico ya llegó. Una brújula para salir del (mal) desarrollo se publicó en agosto del 2020, poco después de que la cepa de SARS-CoV-2 saltara zoonóticamente desde territorios arrasados para extender las fronteras del agronegocio y se volviera pandemia a ritmos nunca antes vistos, siguiendo los circuitos del capital. La crisis sociosanitaria del COVID-19, que hasta el momento dejó un saldo de 4 millones de muertos, es solo una muestra de la insustentabilidad de la relación capital - naturaleza.
Los autores destacan la paradoja de una época en la que existe un consenso científico sobre el origen antrópico del calentamiento global, pero aún persisten discursos negacionistas, históricamente construidos con la expansión del neoliberalismo, y que durante los últimos años encarnaron personajes como Donald Trump, Jair Bolsonaro, Boris Johnson o el primer ministro de Australia, Scott Morrison. En simultáneo, lo novedoso en los últimos años fue la irrupción de la juventud en los movimientos por la “justicia climática”, tras lo que denominan el “efecto Greta Thunberg”. Durante la segunda huelga global contra el cambio climático de 2019, 4 millones de personas se manifestaron en 163 países y miles de ciudades.
Los autores toman el concepto de antropoceno para dar cuenta de la gravedad de la crisis climática y ecológica que vivimos y sintetizan el problema desglosando cinco factores que la explican: el cambio climático asociado al calentamiento global, a causa del incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero; la pérdida de biodiversidad, tanto en los ecosistemas terrestres como en los marinos; los cambios en los ciclos biogeoquímicos que son fundamentales para mantener el ciclo de los ecosistemas ; y, por último, los cambios en el modelo de consumo, fundado en el esquema de obsolescencia programada de los productos que obliga a renovarlos para maximizar los beneficios del capital, y en un modelo alimentario a gran escala de enorme impacto sobre la salud de las personas, y que degrada los ecosistemas.
El libro recorre la historia de los movimientos ambientales y las respuestas de los Estados e instituciones internacionales. En los 60s, los nacientes movimientos ecologistas o ambientalistas de base social policlasista. En los años 70 “la cuestión ambiental ingresa a la agenda global”, con instituciones como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, los primeros partidos Verdes y ONG’s, “desde los más conservadores a los más radicales”. En las últimas décadas nacieron los movimientos por “justicia ambiental” en EEUU, alrededor de comunidades afroamericanas de barrios contaminados que enfatizan en la desigualdad de los costos ambientales, el racismo, la injusticia de género y la deuda ecológica. Con el concepto de “ecologismo popular”, se refieren a las movilizaciones en los países del hemisferio sur, que plantean un “vínculo entre justicia ambiental, ecología de los pobres y deuda ecológica del Norte respecto de los países del Sur” [2]. Y por último los movimientos por “justicia climática”, concepto que apareció en la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), pero emergió como “movimiento ecológico global de carácter radical, con eje en la crítica al capitalismo y la transición energética. ‘Cambiar el sistema, no el clima’, pasó a ser la consigna” [3].
Los autores dan cuenta de cómo a pesar de la sucesión de Cumbres que dieron lugar a los protocolos de Montreal (1987), Kioto (1997) y el Acuerdo de París (2015), la crisis ecológica no ha hecho más que profundizarse. En el caso del Acuerdo de París, que no es vinculante, abre las puertas a “impulsar falsas soluciones en el marco de la economía verde, que se sustenta en la continua e incluso ampliada mercantilización de la naturaleza” [4].
El ambiente como “punto ciego” del progresismo latinoamericano
Los autores realizan una crítica que recupera actualidad frente a la campaña por parte de periodistas y funcionarios del Frente de Todos que impugna cualquier oposición al extractivismo como “ambientalismo bobo”. Más allá de las diferencias (mientras unos hablan de ambientalismo bobo, otros, como en los casos de Bolivia y Ecuador incorporaron los “derechos de la naturaleza” y el “buen vivir” a sus constituciones), los gobiernos de “progresismo selectivo” buscan minimizar la importancia de las causas ambientales “oponiéndolas a la cuestión social y el derecho al desarrollo”. Apuntaban al “reconocimiento de ciertos derechos sociales y económicos (mientras que) obturaban, perseguían y criminalizaban demandas ambientales y de pueblos originarios” [5]. En todos los casos mantuvieron la matriz del agronegocio, los negocios forestales, el fracking, la megaminería, etc.
Entre 2003 y 2013 las economías latinoamericanas se vieron favorecidas por los altos precios de las materias primas, base de las economías dependientes de la región. El “consenso de los commodities” fue política de estado sin reconocer grietas: tanto los progresistas como los gobiernos más conservadores o neoliberales aceptaron como “destino” el papel de exportadores de bienes naturales, minimizando no solo las consecuencias ambientales, sino también los “nuevos marcos de dependencia y la consolidación de enclaves de exportación”.
Desde el año 2008, se multiplicaron los megaproyectos extractivos y también las luchas y resistencias que los enfrentaron. Desde el proyecto de abrir una carretera que atraviese el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (Tipnis) en Bolivia que implicó cuestionamientos y resistencias que horadaron la base social de Evo Morales; pasando por la construcción de una megarrepresa a costa de la expulsión de comunidades originarias de Belo Monte en el Amazonas de Brasil llevada adelante por el gobierno de Lula Da Silva. Desde 2013 hasta la actualidad, los autores identifican una fase de “exacerbación del neoextractivismo”, de ampliación de las fronteras de los commodities, a la impulsada tras la caída de los precios de las materias primas.
Svampa y Viale señalan que no existe oposición entre lo social y lo ambiental, como argumentan, por ejemplo, los voceros del Frente de Todos a la hora de justificar las actividades extractivistas. Al final del ciclo progresista, la pobreza y la desigualdad persistieron. “Los mapas de la pobreza (...) coinciden en todo el mundo con los de la degradación ambiental” [6].
En nuestro país, los autores desarrollan cuatro casos emblemáticos: el agronegocio, la Ley de Glaciares y los derrames de la Barrick Gold, Vaca Muerta y la minería de litio.
El avance de la frontera sojera (el área cultivada con soja transgénica creció un 900% entre 2003 y 2015) implicó desmontes, desplazamiento de poblaciones, entre ellas de comunidades originarias, deterioro de suelos y las estremecedoras cifras de personas que padecen cáncer en poblaciones rociadas con glifosato. Argentina se encuentra entre los cuatros principales productores mundiales de soja transgénica, con casi 24 millones de hectáreas cultivadas. Recientemente el gobierno de Alberto Fernández aprobó el uso de trigo transgénico HB4 (asociado al peligroso pesticida glufosinato de amonio).
En el caso de la Ley de Glaciares, los autores describen los obstáculos que impiden su aplicación efectiva, y traen a colación el derrame de más de un millón de litros de solución cianurada ocurrido en septiembre de 2015 en la mina Veladero, en la localidad de Jáchal, San Juan. Las últimas puebladas de Chubut y Mendoza contra la megaminería tuvieron repercusión internacional. En ambos casos fueron multitudinarias movilizaciones contra pactos del PJ, la UCR, y sus aliados, otra muestra contundente de que para el extractivismo no hay grieta.
El caso de Vaca Muerta es considerado como una “ilusión eldoradista” que obtura la transición hacia una matriz energética pos-fósil. La reciente evidencia sobre el desastre de los basureros petroleros, los derrames y la multiplicación de sismos inducidos por el fracking, dan cuenta del desastre ambiental de Vaca Muerta. Para el litio, analizan cómo la gestión de Cambiemos ofreció condiciones más ventajosas que los vecinos Chile y Bolivia para las corporaciones mineras.
Green New Deal, Pacto Ecosocial y lucha anticapitalista
A nivel estratégico, la contradicción central del libro se encuentra entre el diagnóstico de desastre inminente y el programa propuesto como horizonte, así como los sujetos y organizaciones para llevarlo adelante.
El libro destaca el valor de “las experiencias autogestión y autoorganización como la agroecología, la economía social solidaria o las comunidades de transición basadas en energías renovables”, como “utopías concretas” y “prácticas prefigurativas que anticipan la nueva sociedad”, aunque señala su alcance limitado debido a la desconexión de lo local y lo global, que dificulta que estas experiencias se conviertan en un “proyecto político de alcance global” [14]. La “dimensión emancipatoria desde abajo”, debe “activar la dimensión reguladora de los Estados en todos los niveles”.
El planteo es que ante la “encrucijada civilizatoria” abierta por la pandemia, el dilema sería ir hacia “una globalización neoliberal más autoritaria, en el marco de un ‘capitalismo del caos’, que sin duda favorecerá la expansión de las derechas fascistas, o (...) una globalización más democrática, ligada al paradigma del cuidado, por la vía de la implementación y el reconocimiento de la solidaridad y la interdependencia como lazos sociales e internacionales, y de políticas públicas orientadas a un gran pacto ecosocial y económico que aborde conjuntamente la justicia social y ambiental” [15].
Ante esto, reivindican el “Green New Deal” en la versión postulada por la referente del ala izquierda demócrata Alexandria Ocasio Cortez, y por intelectuales como Naomi Klein y Jeremy Rifkin. A diferencia del proyecto europeo de economía verde, esta sería una apuesta “interseccional”, que articula “justicia social con justicia ecológica, étnica y de género”, planteando una “transformación profunda del sistema económico a través de la reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero, la renovación de infraestructuras, la apuesta por la eficiencia energética y la promoción de medidas para reducir la desigualdad económica y social en los Estados Unidos” [16].
Para Argentina y América Latina, los autores proponen cinco ejes para un pacto ecosocial y económico, que además cuestione el rol asignado al “sur global” en los modelos de transición energética corporativa de los países centrales: “ingreso universal, reforma tributaria progresiva, suspensión del pago y auditoría de la deuda externa, paradigma del cuidado y reforma socioecológica radical (energética, productiva, alimentaria y urbana)”. Esta reforma socioecológica implicaría un paradigma energético renovable, descentralizado, desmercantilizado y democrático; un paradigma agroecológico que promueva la soberanía alimentaria; y otro modelo urbano, promoviendo el arraigo en ciudades pequeñas y medianas.
El programa propuesto sostiene elementos progresivos y más que necesarios, y otros que consideramos discutibles. Pero de conjunto resulta en un planteo reformista, insuficiente para abordar una “crisis civilizatoria”. La idea de lograr, con movilizaciones desde abajo, un “pacto” que construya una nueva agenda “nacional y global”, sin expropiar al gran capital ni derrotar a sus instituciones, responsables del desastre ecológico y social, termina siendo utópica.
Por ejemplo: es urgente terminar con el agronegocio que utiliza volúmenes inconmensurables de veneno, y avanzar hacia formas de producción de alimentos con técnicas no destructivas, que contemplen la sostenibilidad del suelo, como sostiene la agroecología. Pero ese objetivo es irrealizable sin terminar con la gran propiedad terrateniente, empezando por las 5.678 explotaciones (el 2% del total de explotaciones) que gestionan 80 millones de hectáreas (el 51 % de las hectáreas en producción); y sin expropiar los puertos privados, cerealeras y empresas agroindustriales.
De igual manera, para avanzar en un paradigma energético “renovable, descentralizado, desmercantilizado y democrático”, es condición expropiar sin pago a todas las empresas relacionadas con la producción, procesamiento y distribución de la energía, creando una empresa estatal única bajo control de sus trabajadoras y trabajadores, profesionales de universidades públicas, comunidades y pueblos indígenas afectados por sus actividades, para diseñar democráticamente un plan de transición que no solo contemple un giro en las fuentes utilizadas.
Aún así, se trata de problemas sin resolución íntegra en los marcos del sistema capitalista. Una transición ecológica requiere de la planificación del conjunto de la economía, apropiándose de los desarrollos científicos y tecnológicos para desarrollar en cada terreno las formas de producción, distribución y consumo de menor impacto ambiental, recomponiendo ecosistemas degradados, etc.
Por otro lado, el ascenso de Biden o el giro discursivo del Vaticano son interpretados por Svampa y Viale como oportunidades para “disputar sentidos”, subestimando su capacidad de cooptar, institucionalizar y convertir en indefensos a los movimientos ambientales.
